Los sistemas deben tratar a todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación por razón de su origen o nacionalidad.
Las razones para un trato diferencial deben ser excepcionales y estar fundamentadas en criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad propios de un Estado de Derecho. Desde esta perspectiva, es inadmisible el tratamiento de las personas desde enfoques punitivos así como la construcción de una política al servicio de funciones de vigilancia.
El sistema no debe tener un enfoque punitivo
La obligatoriedad del sistema debe recaer sobre el Estado y no sobre las personas. Una identidad legal obligatoria puede convertirse en un método para discriminar a las personas que no la tengan. Es decir, el sistema debe tener un enfoque de protección, debe alejarse de medidas punitivas y debe asegurar que todas las personas tengan la posibilidad de obtener una identidad legal. Además, el sistema debe reconocer la autonomía individual para que no se convierta en una forma de persecución y castigo.
Este sistema debe proteger el derecho a la defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad. En particular, para evitar un enfoque punitivo para el sistema de registro e identificación se debe:
- Prevenir que el registro al sistema se convierta en un prerrequisito para el acceso de servicios básicos para las personas más vulnerables
- Eliminar de los sistemas de identificación las sanciones por falta de inscripción
El sistema no puede estar basado en la vigilancia
El sistema debe proteger a las personas y no ser una herramienta para ejercer violencia. Por eso, no puede ser utilizado como un sistema de vigilancia que trate de establecer la identidad de las personas en múltiples espacios como una forma de determinar si es “confiable” para el Estado. El enfoque de seguridad nacional que alimenta sistemas de vigilancia basados en los sistemas de identidad resulta en prácticas violentas y discriminatorias para las personas.
La identificación de una persona debe estar relacionada con los fines de los procedimientos o espacios en los que se encuentren y debe estar fundamentada en las facultades específicas de las autoridades que solicitan dicha identificación. La identificación no puede exigirse con fines o por razones discriminatorias ni para fines de hostigamiento.
Experiencia internacional
El diseño del sistema no debe utilizar los datos para convertirse en un mecanismo de vigilancia o de criminalización de la población
Los casos de la “pink card” en Tailandia y EURODAC en Europa ilustran formas de posible criminalización y vigilancia sobre la población migrante, derivados de la recolección de información del sistema de identidad. La “pink card” en Tailandia se ha convertido en una herramienta de vigilancia de instituciones públicas y privadas, entre otras cosas, porque no hay claridad sobre cómo se comparten y con quién los datos de las personas 1. En el caso de Europa, el acceso de las entidades policiales y legales a las bases de EURODAC genera riesgos de estigmatización de los solicitantes de asilo haciéndoles blanco de más investigaciones criminales.2
En los procesos migratorios, las fronteras realizan una función de filtrado al permitir ciertas formas de movilidad y excluir otras, generando tratos discriminatorios.3 Estas fronteras promueven dinámicas discriminatorias al interrumpir los movimientos transfronterizos de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes no documentados que no acceden a esquemas de tránsito personalizados.4 En ese marco, las tecnologías y procesos involucrados en la identidad digital no proporcionarían soluciones fáciles en el contexto de la migración y los refugiados. Por el contrario, las tecnologías que dependen de los datos de identidad introducen una nueva capa que puede exacerbar los prejuicios, la discriminación o los desequilibrios de poder.5
Existe una tendencia hacia la vigilancia preventiva generalizada, a través de la cual el sector privado recopila datos personales que son transferidos a las autoridades policiales para predecir comportamientos delictivos a futuro y gestionar el riesgo.6 Adicionalmente, los proyectos de integración de la información en Europa y en general sus sistemas migratorios responden a un clima de xenofobia y a la consideración de que la migración es un problema de seguridad para el que resulta adecuado el empleo de mecanismos de vigilancia y control de ciudadanos no europeos considerados amenazas.7
Los procesos que se desarrollan en el marco del sistema no deben estar mediados por criterios arbitrarios o discriminatorios
En Kenia los procesos de registro e identificación no son iguales para toda la población. Algunas comunidades como los Nubios y los musulmanes tienen dificultades para acceder a la identificación nacional, particularmente por los largos periodos de espera y el examen de antecedentes. Esta última es una práctica que no se aplica a toda la población en general. Así mismo, el sistema es más estricto con kenianos nubios, musulmanes y somalíes, que con otros grupos étnicos.8 Los problemas de acceso a documentos para poblaciones específicas las somete a ciclos de pobreza y reproduce su marginalidad, ya que en Kenia no se puede acceder a un empleo formal, estudios universitarios, propiedad o servicios de telecomunicaciones sin una identificación legal. Por eso, el Estado debe establecer protocolos claros y homogéneos que se apliquen a toda la población para acceder a documentos de identidad.8
La prueba de identidad legal y el registro en el sistema no deben ser, ni convertirse, en un requisito para que las personas accedan a servicios básicos
Las experiencias internacionales reflejan retos para la no discriminación de las personas, en especial cuando el registro se exige como prerrequisito para acceder a los servicios básicos.
Por ejemplo, algunas comunidades en Namibia tienen costumbres que contemplan otras prácticas de identificación y nombramiento. Estas prácticas no son reconocidas por el Estado, generando que las poblaciones étnicas y tribales tengan dificultades para entender y acceder a los procesos de identificación. Por esto, están sub registradas en los sistemas y quedan excluidas de programas y beneficios sociales.9
Asimismo, en Uganda es necesario tener una identificación nacional para acceder a servicios públicos y privados. Según la organización Unwanted Witness, el 70% de las personas mencionó que la identificación nacional se solicitaba como prerrequisito para acceder a servicios y al 85% de estas personas les negaron el acceso por no tenerla.10
En Kenia, en 2019 la Comisión de Derechos Humanos elevó varias peticiones frente a la aplicación y administración del nuevo Sistema Nacional Integrado de Gestión de la Identidad (NIIMS por sus siglas en inglés). El sistema obligaba al enrolamiento de las personas para acceder a servicios básicos. Debido a esto, se le negó acceso a muchos ciudadanos kenianos ya que no contaban con los mecanismos para autenticar su identidad. Para mejorar estas condiciones, la Alta Corte de Nairobi impidió que el registro sea obligatorio, que se recolectara ADN e información de localización de los usuarios y que se pusiera un límite de tiempo para el registro.11
En India, el gobierno hizo obligatoria la inscripción a Aadhaar para recibir beneficios sociales y acceder a otros servicios públicos como abrir una cuenta bancaria, comprar una SIM Card y admisiones educativas.12 La obligatoriedad de utilizar Aadhaar, sumada a fallas del reconocimiento biométrico, llevaron a un aumento en las muertes por inanición de personas que no pudieron recibir sus raciones de comida.13 Después de una demanda en la Corte Suprema, se prohibió la obligatoriedad de inscribirse al sistema para acceder a servicios básicos.14
En el diseño del sistema se debe minimizar la recolección de datos que contienen las credenciales para evitar ejercer violencias
En los procesos de registro, la recopilación de datos biográficos y personales es un paso fundamental para la construcción o verificación de la identidad y la emisión de credenciales. Sin embargo, debe considerarse cuidadosamente la información que se registra en los sistemas de identidad, pues no toda es necesaria y puede convertirse en una herramienta para legitimar y burocratizar la exclusión, la violencia y la discriminación hacia grupos determinados.10
Un ejemplo es el uso que se hizo de las tarjetas de identificación en Ruanda para la ejecución del genocidio. Las tarjetas de identificación étnica fueron introducidas durante el gobierno colonial belga para identificar a las personas. Para esto, recolectaban sus datos biográficos y sus datos étnicos. Después del gobierno colonial, estas tarjetas se mantuvieron. Con los estereotipos y violencias que ya se estaban gestando en el país, la existencia de una tarjeta de identificación étnica facilitó la velocidad y magnitud de los 100 días de asesinato masivo, pues era utilizada para identificar si la persona portadora era Tutsi o era Hutu y determinar si iba a ser asesinada.15
Aunque limitar la información recolectada no es una garantía perpetua de no discriminación, es importante en estos procesos. La autoridad que examina la información de identidad genera un juicio sobre si la persona es o no elegible o si tiene permitido una actividad. Cuando hay información sobre la pertenencia a un grupo identitario esto puede alterar el juicio. Como mínimo, la presencia de categorías de clasificación crea y refuerza una mayor conciencia de las diferencias grupales.16
Además, cuando estos grupos son socialmente marginalizados, se están perpetrando diferentes violencias, ya que puede darse un proceso de “marcación”. Por ejemplo, en Uganda, el gobierno ha decidido incluir en el documento de identificación datos sobre la etnia, dirección e información sobre el cónyuge y padres, datos que pueden poner en riesgo al portador de la identificación y a las personas referidas en ella.10 En conclusión, la presencia de estos datos es peligrosa ya que puede potenciar la discriminación y/o la exclusión.
En Estados Unidos, después del 11 de septiembre, el programa de Registro de Entrada y Salida de Seguridad Nacional (NSEER), desarrolló la primera base de datos biométrica para viajeros que se consideraran potencialmente riesgosos.17 El proceso funcionó designando a personas de ciertas nacionalidades, como Irán, Irak, Libia, Sudán y Siria, para un registro automático. Igualmente, registraba personas que se encontraban con una combinación de inteligencia basada en ciertos criterios y se identificaban como un riesgo para la seguridad nacional. En el registro, se recogieron los datos biométricos del individuo (huella digital y patrones faciales), junto con información biográfica detallada.17
El sistema no puede promover la vigilancia masiva
Con sistemas biométricos se facilita la vigilancia masiva para individualizar los datos recolectados por los sensores a nuestro alrededor. La combinación de datos recogidos para diferentes propósitos y los sistemas biométricos comprometen el anonimato rastreando localización, rutina y actividades cotidianas.18 Cuando ligan los datos de comportamiento con biometría invasiva, terminan fijando perfiles en los cuerpos de las personas.
Generalmente, los datos recogidos por los gobiernos para la identidad o acceso a derechos terminan en sistemas de vigilancia masiva.18 A pesar de las leyes de protección de datos, la idea de utilizar los datos para propósitos conexos legitiman su uso en vigilancia masiva. Así, los Estados recogen datos para identificación en casos específicos que terminan en vigilancia, argumentando usos o necesidades de seguridad nacional. Estos sistemas terminan por crear espacios públicos de vigilancia constante que violan los derechos humanos.
Por ejemplo, en la provincia de Xinjiang en China, las bases de datos biométricas creadas para otorgar identidad legal se utilizan para vigilar y ejercer violencia contra la minoría Uyghur. Esta base de datos contiene fotos, ADN, iris, patrones de voz y las diez huellas dactilares. El sistema de identidad es utilizado por las cámaras de reconocimiento facial colocadas en las ciudades principales donde se utilizan centros de mando policiales que conectan las cámaras de la ciudad tanto privadas como públicas.19
Los Uyghur solo pueden circular por algunas zonas y, cuando se alejan más de 300 metros, el sistema informa a las autoridades 20. Igualmente, sitios públicos como las estaciones de servicio, los centros comerciales, los edificios públicos, los mercados y las estaciones de tren tienen puntos de control que autentican a las personas y recogen datos de su comportamiento diario incluyendo localización, hora, frecuencia y razones de visita.21
Los objetivos de los sistemas de identificación biométrica de prevenir y perseguir el terrorismo y la actividad criminal no pueden convertirse en una justificación que imposibilite el debate público sobre los alcances y riesgos de esta tecnología. Uno de los riesgos asociados es que esta pretendida excepcionalidad se convierte en una permanente, abriendo paso al seguimiento no solamente de “personas indeseables” sino de cualquier migrante o ciudadano en el territorio.22
Basados en el argumento de la vigilancia preventiva en nombre de la seguridad, en 2011 Argentina implementó un sistema de identificación biométrica conocido como SIBIOS (Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad). Este sistema tiene como objetivo final enrolar a todas las personas en un sistema de vigilancia al cual tienen acceso todos los organismos policiales.22
Panamá es otro ejemplo de la extensión de los sistemas de identificación biométrica de flujos migratorios hacia otros propósitos. El país instauró el registro biométrico de huellas con el objetivo de detectar personas requeridas por la justicia nacional e internacional. Sin embargo, la Policía Nacional decidió trasladar el uso de dispositivos de verificación hacia la detección de causas pendientes de personas controladas, lo que conllevó a detenciones y órdenes de conducción inexistentes por la falta de actualización de los datos.22
El sistema no debe enfocarse en una política securitista y dominada por la fuerza pública
En la Unión Europea, el movimiento de extranjeros en los controles fronterizos depende en gran medida de la cantidad de datos personales y de nuevos mecanismos de seguridad en los documentos de identidad. Se incluyó la biometría en la expedición de visas y de pasaportes de la UE, así como la mejora de la interoperabilidad entre las bases de datos de la UE y otros sistemas de información existentes y futuros.6 Con estas políticas de seguridad y gobernanza del delito, se han recopilado y transferido muchos datos personales de los migrantes. Estos se han recogido por las agencias del gobierno encargadas de la seguridad y la criminalización sin especificar sus propósitos.
En Italia, en un campo de refugiados, la policía custodia la entrada y verifica identidades a través de las huellas digitales. Los migrantes han señalado que estos protocolos suponen una amenaza a su seguridad, ya que son conscientes de que los funcionarios del gobierno podrían encontrar una razón arbitraria o políticamente motivada para perseguirlos.5 En general, la población migrante expresó preocupación por entregar sus datos de identidad debido a la posibilidad de que se usen injustamente contra ellos.
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Madeline Maxwell y Sara Baker, «Digital ID in Thailand: A case study» (The Engine Room, diciembre de 2019). ↩
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L Roots, «The New EURODAC Regulation: Fingerprints as a Source of Informal Discrimination”.», Baltic Journal of European Studies Tallinn University of Technology (ISSN 2228-0588) 5, n.o 2(19). (2015). ↩
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M. Coleman, «U.S. Statecraft and the U.S.–Mexico Border as Security/Economy Nexus», Political Geography 24, n.o 2 (febrero de 2005): 185-209; Shona Loong, «The Neoliberal Borderscape: Neoliberalism’s Effects on the Social Worlds of Migrants along the Thai-Myanmar Border», Political Geography 74 (octubre de 2019): 102035; Anne McNevin, «Political Belonging in a Neoliberal Era: The Struggle of the Sans-Papiers», Citizenship Studies 10, n.o 2 (mayo de 2006): 135-51; Matthew B. Sparke, «A Neoliberal Nexus: Economy, Security and the Biopolitics of Citizenship on the Border», Political Geography 25, n.o 2 (febrero de 2006): 151-80. ↩
-
Shona Loong, «The Neoliberal Borderscape: Neoliberalism’s Effects on the Social Worlds of Migrants along the Thai-Myanmar Border», Political Geography 74 (octubre de 2019): 102035. ↩
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Mark Latonero et al., «Digital Identity in the Migration & Refugee Context: Italy case study» (Data Society, 2019). ↩ ↩2
-
Valsamis Mitsilegas, The Criminalisation of Migration in Europe: Challenges for Human Rights and the Rule of Law, SpringerBriefs in Law (Cham Heidelberg: Springer, 2015). ↩ ↩2
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Mark Akkerman, «The Business of Building Walls» (Transnational Institute, noviembre de 2019); Ahinoa Ruiz Benedicto y Pere Brunet, «Building Walls: Fear and Securitization in the European Union» (Centre Delàs, The Transnational Institute, Stop Wapenhandel, septiembre de 2018). ↩
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-
ID4D y The World Bank, «Namibia. Identity Management System Analysis Report» (The World Bank, 2016). ↩
-
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Open Society, «Kenya’s National Integrated Identity Management System», marzo de 2020 ↩
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Silvia Masiero y Soumyo Das, «Datafying anti-poverty programmes: implications for data justice», Information, Communication & Society 22, n.o 7 (2019): 916-33. ↩
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N Dey y A Roy, «How Chunni Bai’s death exposes the lie about Aadhaar», The Times of India, 30 de septiembre de 2018; Huffington Post India, «Aadhaar Linked To Half The Reported Starvation Deaths Since 2015, Say Researchers», Huffington Post India, 26 de septiembre de 2018. ↩
-
The Economic Times, «Aadhaar verdict: Legal, but limit use to government benefits, says Supreme Court», The Economic Times, 27 de agosto de 2018. ↩
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Jim Fussell, «Indangamuntu 1994: Ten years ago in Rwanda this Identity Card cost a woman her life”», Prevent genocide international, s.f.. ↩
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Jim Fussell, «Group Classification on National ID Cards as a Factor in Genocide and Ethnic Cleansing.», Prevent genocide international 2001. ↩
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Charlotte Epstein, «Guilty bodies, productive bodies, destructive bodies: Crossing the biometric borders», International Political Sociology, 2007, 149-64. ↩ ↩2
-
UNHCR, «UNHCR Strategy on Digital Identity and Inclusion», 2018. ↩ ↩2
-
The Economic Times, «Aadhaar verdict: Legal, but limit use to government benefits, says Supreme Court», The Economic Times, 27 de agosto de 2018; B Zand, «A Surveillance State Unlike Any the World Has Ever Seen», Der Spiegel, 26 de junio de 2018. ↩
-
J Chin y C Bürge, «Twelve Days in Xinjiang: How China’s Surveillance State Overwhelms Daily Life.», The Wall Street Journal, 19 de diciembre de 2017; Bloomberg, «China Uses Facial Recognition to Fence In Villagers in Far West», Bloomberg News, 17 de enero de 2018. ↩
-
The Economist, «China has turned Xinjiang into a police state like no other», The Economist, 31 de mayo de 2018; J Chin y C Bürge, «Twelve Days in Xinjiang: How China’s Surveillance State Overwhelms Daily Life.», The Wall Street Journal, 19 de diciembre de 2017; J Millward, «What It’s Like to Live in a Surveillance State», The New York Times, 3 de febrero de 2018. ↩
-
Fernando Neira Orjuela, «Biometría y control migratorio en América Latina Biometrics and immigration control in Latin America», ISSN 9 (2015): 19. ↩ ↩2 ↩3