Los sistemas de identidad deben ser sostenibles financiera y operacionalmente.
Los sistemas de identidad deben ser sostenibles, mientras que mantienen la accesibilidad para las personas y las demás partes interesadas. Los sistemas de identidad deben buscar la neutralidad tecnológica para incrementar la flexibilidad del sistema y evitar que no se cumplan con los objetivos de inclusión social.
Experiencia internacional
El sistema debe considerar riesgos asociados al ecosistema de contratación
A pesar de que las compañías que proveen el desarrollo y despliegue de las infraestructuras de identidad tienen una visión compleja que involucra altos costos para los gobiernos, estas juegan un rol central. Los gobiernos dependen de estas corporaciones para el desarrollo de diferentes soluciones digitales que manejan los datos de los ciudadanos .
Nigeria y Angola, desde 2008, han sido respaldados por el Banco Mundial en la adquisición de costosos sistemas de identificación1 que se han defendido desde la institucionalidad como necesarios para países pobres argumentando la protección de la seguridad nacional y los riesgos de fraudes en bancos y hospitales.2
Las compañías que han estado detrás de estas infraestructuras tecnológicas han sido siempre las mismas: IDEMIA, Gemalto, NEC, IBM, Oracle, Drexler, Microsoft, entre otras, conforman lo que el profesor David Lyon ha acuñado como ‘el cartel de las tarjetas”.2 Este grupo genera presión de tipo comercial y tecnológica a los gobiernos, para promover el uso de costosos sistemas de identidad como la ‘única solución’ a todos los problemas sociales.2 Sin embargo, esta apuesta no considera problemas de sostenibilidad de los sistemas asociados a los costos incluyendo desarrollo, mantenimiento, recurso humano, entre otros y a la autonomía del sector público en las decisiones sobre los sistemas de identidad.
Adicionalmente, estos sistemas involucran la necesidad de arquitecturas interoperables con otros sistemas. La interoperabilidad en particular implica costos adicionales y capacidades técnicas, de gobierno y legales que deben evaluar y considerar incluso a los sistemas de identificación como una opción real en el contexto de un Estado en particular.3
El sistema debe ser flexible y adaptable a los distintos escenarios locales y nacionales
ACNUR ha desarrollado dos sistemas de registro y manejo de la identidad que pueden informar los diseños de sistemas nacionales. En 2002, desarrolló una herramienta llamada proGres (Perfil del Sistema de Registro Global). La herramienta proporciona una fuente común de información sobre individuos que es utilizada para facilitar la protección de las personas de interés para la organización. Algunas herramientas adicionales que complementan este sistema son RApp que permite una recopilación de datos fuera de línea de refugiados (luego cargados en proGres), desplazados internos y otros; BIMS: el sistema de gestión de identidad biométrica que captura la biometría; CashAssist, que permite a las personas refugiadas registradas recibir asistencia en efectivo; y GDT o herramienta de distribución global, que les permite recibir asistencia en especie (alimentos, NFI, etc.).
El uso de estas herramientas sugiere los siguientes problemas. Aparte de dificultades relacionadas con la recolección de datos, el incremento del riesgo para las personas migrantes por imprecisiones en el sistema o la falta de seguridad de los datos, Hosein y Nyst señalan que el soporte y mantenimiento técnico continúo de estos sistemas es clave para garantizar la seguridad de los datos pero para algunos donantes y organizaciones esta capacidad no está presente.4 A pesar de que estos sistemas buscan ser más eficientes y conseguir una mayor cobertura de personas beneficiarias, el desafío mayor de adaptar los sistemas de información a los programas de protección social es garantizar que las tecnologías implementadas sean apropiadas y relevantes para los contextos culturales, políticos y económicos específicos.
El diseño de un sistema debe considerar la capacidad financiera existente
Uno de los elementos que pueden afectar la sostenibilidad de un sistema es la capacidad financiera para su manutención. En África, el desarrollo de los sistemas de identificación rara vez conlleva un estudio contrastado entre costos y beneficios.5 En varios países del continente africano se han desarrollado procesos de registros de votantes en el marco de las elecciones, pues se ha tendido a ver mayor utilidad en los registros de votantes para la identificación de la población que en las tarjetas.
Estos procesos han aumentado considerablemente el costo de las elecciones, al punto en que se encuentran algunos de los procesos electorales más costosos del mundo. Por ejemplo, en países como Kenia, el costo de estos sistemas y formas de registro -que aún no incluían un componente biométrico- hizo sus elecciones de 2007 veintiún veces más costosas que las elecciones alemanas.5 Así mismo, otro caso que evidencia esta falta de ponderación entre costo y beneficio es Zambia donde hay dudas sobre la capacidad que tendrá el sistema para expedir documentos de identificación, pues el servicio de registro carece de presupuesto incluso para el desarrollo de las labores cotidianas.6
El diseño debe tener en cuenta la política de la interoperabilidad
Algunos autores han señalado los retos de la interoperabilidad en los sistemas de información. La construcción de capacidades en interoperabilidad es un proceso que requiere tiempo y que debe hacerse a lo largo de varias etapas.7 Más allá de la interoperabilidad como un problema técnico, es necesario considerar los efectos políticos del intercambio de información. La experiencia europea sirve para resaltar los problemas para los derechos de las personas que conlleva el intercambio de información sobre su identidad.
En 2017 se creó una comisión para el estudio de la fragmentación de sistemas de información en la Unión Europea (HLEG). Las propuestas de este grupo se consolidaron en dos reglamentos: el Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019 relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE en el ámbito de las fronteras y los visados 8 y el Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019 relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración.9
El objetivo de estos sistemas es conectar e integrar la variedad de sistemas de información sobre personas migrantes de la Unión Europea. El costo del programa de interoperabilidad de bases biométricas a completar en 9 años se estima en €425 millones.10 Este programa de interoperabilidad tiene como contexto el avance de políticas, percepciones xenófobas y del uso estratégico de discursos que hacen de la migración un problema de seguridad por parte de partidos políticos en el gobierno.11 De ahí que hay aumento en la inversión en la construcción y mantenimiento de fronteras militarizadas, una situación que contrasta con el clima político de apertura en Europa justo después de la caída del muro de Berlín.10
En general, la política migratoria Europea se ha reforzado sobre la idea de un interior seguro que debe defenderse de un exterior amenazante e inseguro. El modelo del acuerdo Schengen de 1985 es el del libre movimiento de personas dentro de la Unión Europea con la correlativa restricción de la entrada de personas ajenas al espacio europeo. Schengen imagina un exterior del que surgen amenazas para la estabilidad interior de Europa y como consecuencia, se crean distintos sistemas de información para permitir el libre flujo interno y controlar el flujo externo hacia Europa.11
La interoperabilidad de bases de datos personales de migrantes en Europa establecida en los Reglamentos (UE) 2019/817 y 2019/818 tiene repercusiones en los derechos fundamentales de los ciudadanos no europeos en Europa. En general, estas modificaciones implican violaciones al principio de finalidad del tratamiento de datos establecido en el Reglamento General de Protección de Datos. En particular, la consulta de la identidad que permite el Reglamento (UE) 2019/817 presenta varios problemas desde el punto de vista de los derechos fundamentales de las personas migrantes en Europa.
Para lograr la interoperabilidad, los Reglamentos (UE) 2019/817 y 2019/818 usan los sistemas de información de migrantes que ya existían como “módulos” para alimentar los sistemas de información nuevos. Alimentar el Registro Común de Identidad (Common Identity Repository en inglés) y demás sistemas es un tratamiento nuevo de los datos personales que no estaba contemplado inicialmente y una eliminación de las diferencias entre las distintas bases de datos que fueron creadas con propósitos diferentes como labores de policía versus documentación de migrantes.12
La consulta de la identidad de personas a través del intercambio de información de registros de información europeos es problemática desde el punto de vista de los derechos fundamentales de las personas migrantes no europeas porque establece condiciones discriminatorias para la verificación de la identidad respecto de ciudadanos europeos, no tiene provisiones fuertes para impedir la discriminación en la selección de las personas a identificar y no limita las condiciones en las que las autoridades pueden acceder a los sistemas de información.13
Estos cambios en los sistemas de información de la Unión Europea contrastan con un diseño que mantenía silos de información en detrimento de la interoperabilidad ya que expresamente optaba por la protección de los derechos fundamentales a la privacidad y la protección de datos que esa configuración técnica permitía.13
Referencias bibliográficas
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Itty Abraham y Ashish Rajadhyaksha, «State Power and Technological Citizenship in India: From the Postcolonial to the Digital Age», East Asian Science, Technology and Society 9, n.o 1 (marzo de 2015): 65-85; Amiya Bhatia y Jacqueline Bhabha, «India’s Aadhaar Scheme and the Promise of Inclusive Social Protection», Oxford Development Studies 45, n.o 1 (2 de enero de 2017): 64-79; J. Drèze et al., «Aadhaar and food security in Jharkhand: Pain without gain?», Economic and Political Weekly 52, n.o 50 (2017): 50-60; Jacqueline Hicks, «Digital ID Capitalism: How Emerging Economies Are Re-Inventing Digital Capitalism», Contemporary Politics, 10 de abril de 2020, 1-21; David Lyon y Özgün E Topak, «Promoting global identification Corporations, IGOs and ID card systems», en The Surveillance-Industrial Complex: Political Economy of Surveillance, 2013, 18; David Lyon, Identifying citizens: ID cards as surveillance (Cambridge, UK ; Malden, MA: Polity, 2009) ↩
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David Lyon, Identifying citizens: ID cards as surveillance (Cambridge, UK ; Malden, MA: Polity, 2009), 65. ↩ ↩2 ↩3
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Rimantas Gatautis y Elena Vitkauskaite, «Towards eGovernment Interoperability: Lithuania Case», IBIMA Business Review Journal, 10 de enero de 2010, 1-9; Petter Gottschalk, «Maturity Levels for Interoperability in Digital Government», Government Information Quarterly 26, n.o 1 (enero de 2009): 75-81; OSCE/ODIHR, ed., Guidelines on Population Registration (Warsaw: ODIHR, 2009). ↩
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Gus Hosein y Carly Nyst, «Aiding Surveillance. An exploration of how development and humanitarian aid initiatives are enabling surveillance in developing countries.» (Privacy International, octubre de 2013), 25. ↩
-
Japp Van der Straaten, «The High Cost of Legal Identity in Africa.», 2015. ↩ ↩2
-
Banco Mundial, «Identification for Development (ID4D) country diagnostic : Zambia (English)» (Washington, D.C. : World Bank Group., 2016d). ↩
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Petter Gottschalk, «Maturity Levels for Interoperability in Digital Government», Government Information Quarterly 26, n.o 1 (enero de 2009): 75-81. ↩
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Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019. ↩
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Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019. ↩
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Mark Akkerman, «The Business of Building Walls» (Transnational Institute, noviembre de 2019). ↩ ↩2
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Ahinoa Ruiz Benedicto y Pere Brunet, «Building Walls: Fear and Securitization in the European Union» (Centre Delàs, The Transnational Institute, Stop Wapenhandel, septiembre de 2018). ↩ ↩2
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Chris Jones, «Data Protection, Immigration Enforcement and Fundamental Rights: What the EU’s Regulations on Interoperability Mean for People with Irregular Status» (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants and Statewatch, 14 de noviembre de 2019), 16. ↩
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO Panorama general de la gestión de la información en el espacio de libertad, seguridad y justicia /* COM/2010/0385 final */. ↩ ↩2
