El Sistema Integrado de Videovigilancia Inteligente para Transmilenio (SIVIT)

En 2015, la Alcaldía de Bogotá contrató un sistema de videovigilancia inteligente para reconocer los rostros de las personas con antecedentes judiciales.
El sistema costó casi 12 mil millones de pesos.
Instalaron 164 cámaras en todo el sistema.
El sistema no funcionó porque en Colombia no se contaba con una base de datos con características faciales.
No había responsabilidades claras sobre el sistema.
El funcionario que diseñó el contrato fue inhabilitado durante 12 años por la Personería de Bogotá.

En 2015 la Alcaldía de Bogotá anunció que desarrollaría el Sistema Integrado de Videovigilancia Inteligente para TransMilenio (SIVIT). Este sistema fue propuesto por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de la Alcaldía de Gustavo Petro en 2014. Según los promotores del proyecto, el sistema era una alternativa para brindarle mayor seguridad a las personas que diariamente hacían uso del sistema de transporte masivo de Transmilenio.¹

La idea principal de este sistema era que, a través de la instalación de una serie de cámaras con reconocimiento facial en las estaciones del sistema, se pudiera generar un proceso de reconocimiento de “personas con requerimientos judiciales y alertar a las autoridades para facilitar su control y captura”.¹

El Fondo de Vigilancia y Seguridad firmó un convenio interadministrativo con la Empresa de Telefonía de Popayán (EMTEL S.A.S) por un monto de $ 11.758.251.357 de pesos colombianos.² Después, para facilitar el desarrollo del proceso EMTEL abrió una convocatoria pública para que aquellas empresas interesadas se vincularan el proceso.

Con esta convocatoria pública, se vinculó al proyecto a la empresa Inversiones Tecnológicas de América. Según el Estudio de propuestas de EMTEL, la empresa debía desarrollar e implementar la solución de tecnología, información y comunicaciones para poner en funcionamiento el SIVIT.³

Aunque para 2017 este sistema aún no se encontraba en funcionamiento pues el contrato se había liquidado, en su informe Cámaras InDiscretas: Análisis del fallido sistema de videovigilancia inteligente para Transmilenio, la Fundación Karisma señaló que habían instaladas 24 cámaras de reconocimiento facial (4 en el Portal Américas, 4 en el Portal 80, 6 en la estación Avenida Jiménez, 6 en la estación Ricaurte y 4 en la estación Héroes), 120 cámaras IP fijas y 20 cámaras PTZ 17. Además, contaba con un sistema que funcionaba con una base de pruebas de 96 registros.⁴

El funcionamiento de este sistema consistía en que las cámaras de reconocimiento facial registrarían las imágenes, las procesarían y extraerían la información biométrica (medidas y elementos de los rostros). Si se encontraba una coincidencia entre la persona que identificaba la cámara biométrica y alguna persona con asuntos sin resolver con la justicia, se generaría una alerta para el seguimiento de la persona identificada con las cámaras cercanas.⁴ Esta alerta y seguimiento facilitaría la toma de acción por parte de la Policía Nacional.

Sin embargo, el proceso de implementación de este sistema se vio truncado por varias razones. En 2017, la Fundación Karisma señaló que una de las principales causas para que el funcionamiento del sistema no fuera exitoso fue la inexistencia de una base de datos sobre registros faciales que permitiera comparar los datos que se estaban recolectando por medio de estas cámaras.⁴ Así mismo, el Acta de liquidación F-JC-24 del 19 de enero de 2018, sostiene que otras de las fallas que imposibilitaron la puesta en marcha del sistema fue que el Fondo de Vigilancia no contaba con la competencia legal para manejar este tipo de datos.⁵

Particularmente, según la legislación vigente, estos son datos que gozan de protección especial y requieren un manejo particular por ser datos sensibles. Básicamente, sostiene el acta, el sistema no funcionó también por una falta de planeación adecuada por parte del Fondo, lo que llevó al incumplimiento del contrato.⁵

El proyecto se concentró mucho en los aspectos técnicos del sistema, qué tipo de cámaras se usarían, su conectividad, entre otros elementos, pero no mucho en la base de datos que necesitaría para su funcionamiento.⁴ Además de no tener la base, tampoco se definió de quién era la responsabilidad de construir, suministrar o de administrar esta, o cuáles podrían ser los problemas de privacidad de una base de datos de este tipo.⁵

El problema con el funcionamiento de este sistema fue tal que el gerente administrativo del Fondo de Seguridad y Vigilancia, Jairo Osorio, mencionó en una entrevista radial que las cámaras ni siquiera funcionaban de la manera en que se había establecido.⁴ Aunque se podían observar las imágenes en vivo de lo que estas iban registrando, no era posible grabarlas, estas no eran recibidas y no estaban conectadas las cámaras directamente con otras agencias o entidades del Estado que permitieran generar acciones.⁴

A nivel general, la alternativa tuvo tantas complicaciones y una falta de planeación adecuada que, en 2019, la Personería de Bogotá decidió que debería ser destituido e inhabilitado el ex subgerente del Fondo de vigilancia y seguridad, Ricardo Roberto Ramírez Moreno, en primera instancia.⁶ Ahora bien, la Personería cerró el proceso en 2021.⁷

Según la Personería, el Fondo actuó de manera negligente en el desarrollo del proyecto, pues, aunque se le advirtió que sin la base de datos faciales este no podría funcionar, se continuó el proyecto sin la misma. Lo que ocasionó que el programa no pudiera activarse.⁶

Además, el proyecto estuvo marcado por otras dificultades tras su liquidación. En la respuesta al derecho de petición No. 2016ER05276, los equipos contratados por el Fondo con la empresa EMTEL y que fueron supervisados por la Universidad Francisco José de Caldas, no fueron entregados a Transmilenio ni durante el desarrollo del contrato, ni después de su liquidación.⁸

El desarrollo y puesta en marcha de este sistema evidencia:

El despliegue de soluciones tecnológicas para problemas específicos sin consideración de las posibilidades reales de implementación del sistema y la efectividad del mismo en un contexto como el bogotano.
Una falta clara de planeación por parte del Fondo de Vigilancia y Seguridad para la ejecución de este contrato, que se manifestó en dos cosas: el desconocimiento de la inexistencia de la base de datos que permitiría que funcionara el sistema, y el desconocimiento de que este no contaba con la potestad para manejar estos datos (en caso de que existieran).
Una falta de asignación clara de responsabilidades a los diversos actores involucrados en la puesta en marcha del sistema.
Una ausencia de estudios que consideraran el posible impacto que estos sistemas podrían traer al ejercicio de los derechos humanos de las personas usuarias del sistema de Transmilenio.

Para realizar este recuento y análisis nos basamos en la investigación Cámaras InDiscretas: Análisis del fallido sistema de videovigilancia inteligente para Transmilenio de Fundación Karisma ⁴, en el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 880 de 2014 entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad de la Alcaldía de Bogotá y EMTEL S.A, algunos de sus documentos contractuales, prensa y el acta de liquidación del contrato.