Estado de derecho

Los sistemas de identidad deben estar estructurados integralmente en los marcos regulatorios con responsabilidades y procedimientos claramente definidos.

Este principio señala la necesidad de que los sistemas de identidad estén estructurados a partir del reconocimiento amplio e integral de las políticas y marcos regulatorios de protección de los derechos humanos y estos sean aplicados, reconocidos y defendidos con integridad con una articulación clara y continua entre todos los actores.

Legalidad de los sistemas de identificación de personas

Los sistemas de identidad deben adherirse estrictamente a interpretaciones garantistas de los límites que impone el respeto a los derechos humanos y deben estar basados en políticas públicas, leyes y regulaciones que promuevan la confianza de las personas. Esto incluyen la garantía de la protección de datos, la seguridad de los datos, no discriminación, protección de minorías y que protejan a los usuarios de los abusos de la vigilancia no autorizada.

Atribuciones institucionales y responsabilidades claras

Los sistemas de identidad deben estar basados en obligaciones institucionales y responsabilidades claramente definidas. Esto incluye especificar los términos y condiciones que gobiernen las relaciones institucionales de los actores que participan en el sistema incluyendo:

Las responsabilidades y obligaciones de cada institución tanto pública como privada dentro del sistema
La transparencia sobre estos roles en el sistema
La posibilidad de reparación por medio de la notificación de usos o abusos del sistema, corrección de información, acceso a los datos y control y vigilancia
La generación de marcos de coordinación nacional y subnacional sobre el sistema.

Enfoque participativo

Los sistemas de identidad deben promover la articulación institucional y la participación de las personas usuarias en escenarios que permitan identificar cuellos de botellas, retos y oportunidades de mejoras del diseño.

Experiencia internacional

El diseño del sistema debe considerar la ampliación de los procesos migratorios y la flexibilización en los requisitos de los documentos

La crisis política y social en Venezuela ha desembocado, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el éxodo de casi 4.5 millones de personas venezolanas desde el 2015. Colombia es el lugar de acogida y tránsito de la mayoría de ellas. Debido a la ubicación geográfica de Venezuela, la mayoría de la migración se ha concentrado en América Latina. Por eso, países como Perú, Ecuador, Argentina, Brasil y Chile han reconfigurado y ampliado sus procesos migratorios para dar una solución ordenada y regular a la crisis humanitaria que vive dicho país.

A continuación se presentan algunos ejemplos de la creación de marcos legales enfocados en la protección de las personas migrantes provenientes de Venezuela. La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, por ejemplo, acepta pasaportes vencidos hasta por 2 años.¹ Para personas menores de 9 años aceptan como documento de identificación la partida de nacimiento. Además, se promovió la flexibilización, simplificación y eventual exención de los requisitos documentales.¹ Esta disposición logra identificar y mitigar la falta de documentación de las personas venezolanas.

En Ecuador, el Estado acepta pasaportes vencidos hasta por 5 años para iniciar el trámite de la visa humanitaria. Un beneficio de esta visa es que no tiene ningún costo. Solo se pagan 50 USD por el formulario.² Esta visa tiene vigencia de 2 años.² Perú, el segundo país receptor de migración venezolana, también cuenta con un visado humanitario. Este visado, a diferencia del ecuatoriano, tiene una vigencia de 6 meses con la posibilidad de renovación si la situación que generó el otorgamiento aún persiste. Antes de diciembre del 2018, Perú contaba con el PTP (Permiso Temporal de Permanencia), este permiso, al igual que el Permiso Especial de Permanencia (PEP) en Colombia, permitía regularizar el estatus migratorio de la persona solicitante. A diferencia del colombiano, este permiso tenía una vigencia de 1 año.

Para garantizar la inclusión de la población venezolana en la sociedad de acogida, es necesario agilizar la regularización de su estatus migratorio. Una práctica promisoria es flexibilizar los trámites y tiempos dentro del sistema, lo que además enlaza el principio de Estado de Derecho con el de Inclusión.

Es necesario evitar que la xenofobia y el miedo se utilicen como criterios de base para el desarrollo de las políticas que afectan a la población

En Alemania durante el surgimiento y visibilización de los grupos extremistas del Islam en el panorama mundial, comenzó a desarrollarse desde varios ámbitos la percepción de que los migrantes musulmanes podían representar una amenaza para la seguridad y el bienestar de la población alemana. Este discurso permeó los marcos legales y se tradujo en la prohibición de usar hijab o niqab para residentes musulmanes que intentaban acceder a empleos en escuelas o en el sector público. La justificación era que estas “no generaban confianza hacia su portador en el grueso de la población alemana”.³ Así, bajo el velo de la neutralidad religiosa, se llegó a prohibir la visibilidad y utilización de símbolos religiosos como estos por parte de servidores públicos y a brindar excepciones sobre símbolos que en su mayoría pertenecían a la tradición judeocristiana.